La estrategia de los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa a Argentina, sería demostrar que el Gobierno actuó de buena fe en las negociaciones y prueba de eso sería el 92 por ciento de adhesión que obtuvo el canje de bonos impagos entre la operación de 2005 y la que finalizó el mes pasado.
Si Griesa le da el visto bueno a la presentación local, luego podría frenar los embargos y las negociaciones con los fondos buitres quedarían en el ámbito judicial.
En ese marco, según el diario El Cronista Comercial, el Gobierno estaría analizando realizar una nueva oferta a los fondos buitres a través de la justicia, por lo que haría un depósito judicial con los bonos que se le entregaron a los acreedores que ingresaron al canje. La propuesta sería igual o peor que la que se le presentó a los tenedores de deuda en default, porque podrían quitársele incentivos como el cupón PBI o el pago de intereses caídos.
El Gobierno habría descartado además, acordar el pago de la deuda en default a los fondos buitre en efectivo, como lo hizo Perú en 2000 al fondo Elliot, uno de los acreedores que ahora tiene Argentina.
Los fondos buitre tendrían deuda argentina en default por unos 4.500 millones de dólares, el 75 por ciento de los 6.000 millones que no ingresaron a la operación del mes pasado. Los 1.500 millones restantes corresponderían a títulos perdidos.
Entre tanto, en el Palacio de Hacienda siguen de cerca los vaivenes de los mercados con el objetivo de encarar, en algún momento del segundo semestre, la postergada colocación del Global 2017. Ese bono le permitiría a Argentina incrementar la ponderación que tiene en el índice EMBI (Emerging Market Bond Index) que mide el banco JP Morgan junto a los bonos PAR y Discount en dólares.
Ese indicador es tenido en cuenta por los inversores para definir qué títulos adquirir por lo que emitir bonos que sean elegibles para entrar en ese índice le asegura un piso de demanda.
Pero por el momento, el Gobierno tiene vedada la posibilidad de emitir deuda por las altas tasas de interés que debería convalidar. En ese sentido, si Argentina emitiera un bono ahora, debería pagar una tasa del 12,5 por ciento, muy por encima de la de un dígito que pretendía el Gobierno.
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