Vicenç Navarro
Sistema Digital
En un artículo reciente en el The New York Times (03/02/09), el Premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, criticaba a aquellos economistas que durante la Gran Depresión, a principios del siglo XX, negaron la necesidad de estimular el crecimiento económico y la producción de empleo a través del incremento de la inversión pública. Pero la mayor crítica de Samuelson era para los economistas de ahora, que también se oponen al crecimiento de la inversión pública como manera de resolver la crisis económica actual. Samuelson señalaba que sólo la ceguera ideológica puede explicar que tales economistas ignoren la enorme evidencia acumulada durante aquel periodo. La evidencia empírica, que muestra como la inversión pública resolvió la crisis de la Gran Depresión, es abundante y robusta.
Si miramos que pasó durante la Gran Depresión a principios del siglo XX, podemos ver que el Presidente Herbert Hoover hizo lo que los economistas liberales y el PP están pidiendo hoy en España. Hoover bajó el gasto público para equilibrar las cuentas del Estado, alcanzando incluso un superávit, en el año 1929-1930. El deterioro que ello causó (la economía sufrió un gran bajón; el desempleo alcanzó a ser el 23% de la población activa; desaparecieron ocho millones de puestos de trabajo) hizo insostenible tal política de mantener equilibrado el presupuesto del Estado. Ello explica que Franklin D. Roosevelt ganara las elecciones y a partir del año 1933 se iniciaran una serie de medidas que estimularon la economía (ver mi artículo “Como salir de la II Gran Depresión” en www.vnavarro.org, secciones Economía política y EEUU). Entre estas medidas hubo, en el año 1933, un aumento del gasto público (se dobló en un año) y un crecimiento del déficit público que alcanzó el 4,3% del PIB. Resultado del estímulo económico, la economía estadounidense aumentó un 10% al año desde 1934 a 1936, y el desempleo bajó al 9% de la población activa.
Esta evolución exitosa hizo creer que ya se estaba resolviendo la crisis económica –la Gran Depresión- y que podía y debería comenzar a reducirse el déficit del Estado. Y en 1937 se inició la política de reducción del déficit del Estado (tal como está aconsejando ahora el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España). El impacto negativo fue casi inmediato. En 1938, el desempleo subió tres puntos, alcanzando un 12% de la población activa. De ahí que Roosevelt, dándose cuenta de que se había equivocado, aumentó de nuevo el gasto público, permitiendo un aumento del déficit del estado. El desempleo bajó de nuevo, descenso que fue facilitado por la entrada de EEUU en la II Guerra Mundial, lo cual significó un enorme incremento del gasto público. Hasta aquí los datos.
La evidencia de que la Gran Depresión se resolvió debido al enorme crecimiento del gasto público es, pues, definitiva, por mucho que ideólogos liberales continúen basando sus creencias en la fe liberal en lugar de en la evidencia científica. Uno de los autores, apóstoles del liberalismo, que continúa cuestionando aquellos hechos -sujeto de crítica de Samuelson- es el economista Barro, al cual podríamos añadir un gran número de economistas españoles liberales que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios de información (tales como el “darling” del establishment financiero español, el Sr. Sala i Martí) (ver “El Pánico seguirá”. La Vanguardia. 12.03.09). Consecuencia de la gran influencia de tales ideólogos todavía persiste un debate en España sobre si una de las maneras más efectivas de resolver la crisis de la economía real de nuestro país es aumentando la inversión pública. En gran parte del mundo, este debate es anticuado. En su lugar, el debate es como crear empleo a partir del gasto público. En España comienza ya a generalizarse (¡por fin!) que hay que aumentar las inversiones públicas como manera de crear empleo y a la vez modernizar el país. Esperemos que esta propuesta vaya aumentando en su aceptación.
Ahora bien, quisiera acentuar que esta política de inversiones en obras públicas (a las cuales se añaden también inversiones en educación y en investigación y desarrollo), aunque necesaria, es insuficiente. Se requieren, además, inversiones en los servicios públicos del Estado de Bienestar. El Instituto de Economía Política de la Universidad de Massachussets, en un estudio dirigido por el Profesor Robert Pollin (y que influenció, en gran manera, a la Administración Obama), ha analizado la tasa de creación de empleo que puede alcanzarse a partir de una misma cantidad de inversión pública. El estudio calculaba cuantos puestos de trabajo se creaban por cada 1.000 millones de dólares de gasto público. Tal estudio econométrico muestra que la creación de nuevos empleos mediante el ahorro creado por la reducción de impuestos (la propuesta elegida por los economistas liberales y conservadores) tiene un estímulo económico muy bajo, resultado, en gran parte, de que la población, que está profundamente endeudada, no gasta tal dinero sino que lo utiliza para pagar sus deudas. En EEUU, sólo una tercera parte de los fondos adquiridos a base de reducción de impuestos se gastó en consumo. Algo más de producción de empleo tuvo el gasto militar. Pero, donde la producción era mayor fue en los servicios públicos y muy en especial en sanidad, escuelas de infancias, servicios domiciliarios y servicios sociales. Era en estos servicios donde la producción de empleo era más acentuada. Es un error que el gobierno socialista español no esté dando mayor importancia a la inversión en estos servicios públicos como manera de resolver la crisis, crear empleo y modernizar el país. Esto es, por cierto, lo que está intentando hacer la Administración Obama en EEUU. Es a través de esta inversión pública que se moderniza el país y se crea empleo a la vez. Un indicador de la gran influencia del pensamiento liberal en la cultura económica de España es que hoy el debate sobre cómo reducir el desempleo se está centrando en la desregulación de los mercados de trabajo y no en como modernizar y crear empleo a base de invertir y aumentar el gasto público.
Una última observación. Estamos hoy viendo una campaña liberal con gran apoyo mediático, que intenta explicar el escaso desempeño económico español como consecuencia de lo que se considera un excesivo número de empleados públicos (que se definen erróneamente como funcionarios) en las distintas administraciones públicas. Así, El Periódico publicó el pasado lunes (15.06.09) un amplio informe de dos páginas, y El País, edición Cataluña, un artículo (llamado “Funcionarios”), firmado por su colaborador habitual, Enric González, en los que se denunciaba el excesivo tamaño del sector público como una causa del escaso desempeño económico. Como prueba de la supuesta exuberancia del sector público, señalaban que en España había casi tantos funcionarios como empresarios.
Lo que tales escritos definen incorrectamente, erróneamente y (creo) maliciosamente como funcionarios, no son funcionarios. Incluyen como tales a todas las personas empleadas en el sector público (sea sector central, autonómico o local), trabajando en su mayoría en los servicios del estado del bienestar, como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de dependencia, vivienda social, servicios sociales, además de correos, transportes públicos, servicios de seguridad pública y otros. Estos empleados tienen distintos tipos de contratos, de los cuales, por cierto, los funcionariales son una minoría (28%).
El segundo error en aquellos informes es que consideran que el hecho de que en España el número de personas empleadas en el sector público sea casi igual al número de empresarios y autónomos como causa de alarma, mostrando esta situación como ejemplo de la exuberancia del sector público. En realidad, en todos los países de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico que España) el número de empleados en el sector público es mucho mayor que en el número de empresarios y autónomos. Así, mientras el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos en España (10,64%) es mayor que en el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas trabajando en el sector público es sólo un 9,51%, uno de los porcentajes menores en la UE-15, cuyo promedio es un 16%. En los países escandinavos es un 29,54% en Dinamarca, un 19% en Finlandia, y un 21,34% en Suecia; siendo éstos los países con mayor eficiencia económica en Europa según varios informes sobre competitividad y eficiencia económica (ver “Economic Efficiency in the OECD”. Economic Policy Institute. Washington. 2008). En contra de lo que dicen aquellos medios, en España el sector público está subdesarrollado, y es una de las causas de su bajo rendimiento económico.
Tengo que admitir que me abruma y agota la constante manipulación de los datos que algunos de los medios de mayor difusión del país hacen para promover su ideología transformándolos en meros instrumentos de propaganda en lugar de ser medios de información. Y hay muy pocas voces que denuncien esta manipulación, puesto que el poder de tales medios es enorme. Ruego al lector que, por favor, distribuya activamente esta información que muestra tal manipulación.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University.
Tuvo que exiliarse de España por razones políticas. Ha vivido y trabajado en Suecia (Upsala), Gran Bretaña (London School and Economics, Oxford y Edimburgo) y en EEUU (The Johns Hopkins University) donde ha sido Catedrático de Políticas Públicas y Ciencias Políticas. Fue propuesto como Catedrático Extraordinario de Economía Aplicada por la Universidad Complutensede Madrid y se integró a la vida académica catalana como Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y más tarde como Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales patrocinado junto con The Johns Hopkins University, en el que continúa siendo profesor. Ha asesorado a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos incluyendo: el gobierno de Unidad Popular de Chile, el gobierno cubano (en su reforma sanitaria), el gobierno socialdemócrata sueco, el gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos y “d’entesa” catalanes, así como al gobierno federal de EEUU, habiendo sido miembro del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria la Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton. Sus áreas de investigación son: Economia Política, Estado de Bienestar y Estudios Políticos.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87310
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